Alicante y la Región de Murcia se unen para defender el trasvase Tajo-Segura
La Diputación de Alicante y el Gobierno de la Región de Murcia impulsarán una estrategia conjunta de defensa técnica y jurídica del trasvase del Tajo-Segura, tal y como se recoge en el acuerdo que han suscrito esta mañana el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y el presidente murciano, Fernando López Miras.
Ambos dirigentes han criticado las “decisiones que, sin ningún aval técnico y científico, está adoptando el Ejecutivo para acabar de forma inexplicable e injustificada con esta infraestructura”, y han acusado al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y al PSOE de Murcia “de ser cómplices, con su silencio, de esta ignominia”.
Una de las primeras acciones que se emprenderán fruto de esta alianza es, tal y como han señalado tras la reunión celebrada en el Palacio de San Esteban de Murcia, la presentación de forma coordinada de alegaciones ante el Consejo de Estado contra el Plan Hidrológico del Tajo que contempla un incremento del caudal ecológico -que ya ha sido avalado por el Consejo Nacional del Agua-.
Además, han avanzado que si el Consejo de Ministros ratifica este documento, “toda la maquinaria de la Diputación y del Gobierno de Murcia se pondrá en marcha para presentar los recursos necesarios antes todas las instancias judiciales que podamos”.
El presidente de la Diputación de Alicante ha defendido la “unión estratégica y táctica” de ambas administraciones para “defender con rigor científico y con informes técnicos nuestra postura ante una hoja de ruta política que quiere acabar con el trasvase por razones alejadas de la legalidad, la justicia, la solidaridad y el medioambiente”.
En este sentido, Mazón ha denunciado que la política hídrica del Gobierno central “ha creado en estos años, sin ningún tipo de justificación técnica y científica y de forma arbitraria, una deuda histórica del agua con la provincia de Alicante, con Murcia y con la Almería”.
De esta forma, ha cifrado en 590 millones de euros el perjuicio económico “por los 22 recortes políticos que se han aprobado en estos últimos años”, mientras que ha alertado, tal y como sostienen los informes de los técnicos, que el aumento del caudal ecológico recogido en el nuevo Plan del Tajo “supondrá la pérdida de más de 15.000 empleos y un déficit económico de aquí a 2027 de más de 5.700 millones de euros.
El representante alicantino ha denunciado, por otra parte, la actitud del president de la Generalitat, Ximo Puig, y de los socialistas murcianos ante los recortes impulsados por el Ministerio de Transición Ecológica. “La hoja de ruta para acabar con el trasvase Tajo-Segura ha destapado a dos cómplices: el president de la Generalitat y los socialistas murcianos”, ha indicado Mazón, quien ha criticado que “no puede ser que Ximo Puig calle ante uno de los mayores atropellos a su tierra”.
Al respecto, ha añadido, además, que “el silencio y la rendición de Puig y del PSOE de Murcia están haciendo un daño irreparable a la estrategia de defensa del trasvase”. “Es una situación francamente histriónica e incongruente”, ha concluido Mazón.
CONSECUENCIAS DEL RECORTE
Por su parte, López Miras ha advertido también de los efectos negativos que el recorte en más de un 50% del trasvase tendrá sobre una zona que produce el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España, generando más de 20.000 millones de euros.
“El trasvase es una infraestructura esencial para todo el país y es inexplicable que se tomen decisiones sin ningún informe técnico o científico que las avalen”, ha insistido el presidente murciano, quien ha señalado que “el levante español no puede verse más perjudicado”.
En el encuentro también han participado la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, el consejero de Agua de Murcia, Antonio Luengo, el director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, y el director del Instituto Euromediterráneo del Agua e impulsor del Plan Hidrológico Nacional, Francisco Cabezas.
Melgarejo ha detallado en su intervención los efectos negativos de los sucesivos recortes adoptados, entre ellos el del aumento del caudal ecológico que, según ha detallado, provocará una merma de 105 hectómetros cúbicos al año y, por tanto, pérdidas del 15,6% de la superficie de regadío, es decir, más de 27.000 hectáreas. Los efectos económicos hasta 2027 superarán, ha precisado, los 5.692 millones de euros y el despido de unos 15.000 trabajadores.
