Dimite una directora general tras la polémica por la adjudicación de viviendas protegidas

La controversia por la adjudicación de viviendas de protección oficial a personas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante ha derivado ya en una primera consecuencia política. María Pérez Hickman, funcionaria municipal y directora general de Organización Interna, ha presentado su dimisión y regresará a su puesto anterior como jefa del área de Contratación. La decisión llega después de que trascendiera que algunos de sus familiares figuraran entre los adjudicatarios de una promoción de VPO.

El caso se refiere a una promoción pública situada en La Condomina, en la Playa de San Juan, para la que, según fuentes de la empresa promotora, existía una lista de espera cercana a las dos mil personas. Desde el Ayuntamiento de Alicante aseguran que se ha abierto un expediente para aclarar los hechos y que la documentación será trasladada a la Fiscalía para su análisis.

PRESIÓN POLÍTICA

La polémica ha intensificado la presión política sobre el equipo de gobierno municipal, del Partido Popular. El PSOE de Alicante ha anunciado una batería de actuaciones que incluye críticas por la supuesta falta de transparencia del proceso, la exigencia de responsabilidades políticas y la recopilación de información con el objetivo de presentar denuncias ante la Fiscalía y la Agencia Valenciana Antifraude.

En paralelo, el Consell ha salido en defensa de la gestión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y de su equipo de gobierno. El portavoz de la Generalitat, Miguel Barrachina, ha subrayado que el consistorio ha actuado con “celeridad” tras conocerse que la concejala de Urbanismo, el arquitecto municipal y varios familiares de altos cargos del consistorio figuran entre los beneficiarios de esta promoción, la primera de vivienda protegida en la ciudad en dos décadas. Según Barrachina, toda la información ha sido remitida a la Secretaría municipal para la apertura de una investigación interna.