Mazón: «8 de cada 10 euros se destinarán al gasto social»

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha señalado que, en los presupuestos de la reconstrucción, cada diez euros, valen 199.590 millones de euros para gasto social, con 19.590 millones de euros para sanidad, educación y bienestar social.

El titular de la Diputación ha señalado que las cuentas sociales más importantes de la historia del sector público serán las que permitirán, entre otras cosas, promover la atención primaria, reforzar la atención hospitalaria y aumentar las prestaciones sanitarias mediante el aumento del 7,8% de los fondos para el Ministerio de Sanidad. Un presupuesto de 1.000 millones de euros por encima del mejor presupuesto de salud fijado por el Consejo anterior.

Además, ha destacado que "nos permitirá consolidar la gratuidad y universalidad de la escolarización de 0 a 3 años", aumentar la financiación de los programas educativos, reforzar el apoyo de los autónomos, gracias al incremento del 4 % en la Consejería de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

Además, ha destacado que se podrá incrementar la atención de la dependencia y mejorar nuestras infraestructuras socio-sanitarias, así como ampliar los nuevos espacios de vivienda para personas mayores y promover el plan de vivienda con los 2.864 millones que serán gestionados por la Vicepresidencia de la vicepresidencia de la vicepresidencia.

Garantizar cuentas públicas para hacer frente a la recuperación

Carlos Mazón ha destacado el acuerdo alcanzado por los presupuestos de la Generalitat que son necesarios para la reconstrucción y más aún cuando la sociedad valenciana exige un alto nivel de respeto.

En este sentido, ha criticado la falta de proyecto político por parte del PSPV-PSOE y del Gobierno de España y la Comunidad Valenciana, que, además, "violentamente" la Constitución porque no presenta las cuentas generales del Gobierno central.

Así, el presidente ha señalado que la reconstrucción es una cuestión de Estado en la que la Generalitat está haciendo su parte, en el ámbito de sus competencias y con los recursos de que dispone. En este sentido, ha destacado que los presupuestos presentados son de 2.364 millones de euros en diferentes proyectos y líneas de actuación para la recuperación de la Comunitat Valenciana.

Un fondo que vendrá de la deuda, que es lo único que nos autoriza el Gobierno central, y que los valencianos pagarán por sí solos, sin ninguna ayuda a los fondos extraordinarios, ha dicho.

El jefe del Gobierno valenciano ha destacado que el Consell ha movilizado 1,88 millones de euros entre ayudas y contratos, mientras que el Gobierno central ha intentado confundir a los ciudadanos con la compensación del sector de los seguros.

En este sentido, ha señalado que la Generalitat ha pagado más de 77.000 ayudas por la pérdida de vehículos por la cantidad de 146 millones de euros, a diferencia del Gobierno central que solo ha pagado 5.000 ayudas por la cantidad de 25 millones de euros.

Por lo tanto, el Consejo ha pagado el 81 por ciento de la ayuda y ha pagado el 50% de la ayuda, mientras que el Gobierno sólo ha pagado el 15 por ciento de la ayuda.

Falta de apoyo a la reconstrucción

Durante su intervención, el presidente de la Generalitat ha reafirmado su compromiso de seguir trabajando para reconstruir y seguir trabajando con las víctimas y seguir trabajando con las víctimas y con las víctimas de las inundaciones, al tiempo que ha lamentado el uso de las víctimas por el compromiso de conseguir el apoyo electoral.

Dijo que no hay gente de primera y de segunda clase que necesite ayuda para reconstruir sus vidas, sino aquellos que necesitan ayuda para reconstruir sus vidas, que los están ayudando a todos de la misma manera, sin mirar a quién están votando, quién está en el municipio donde viven o en el que hablan, dijo.

Del mismo modo, ha criticado la falta de propuestas, aportaciones y apoyo del PSPV y el compromiso para afrontar la recuperación económica y social de la Comunitat Valenciana.

Además, criticó el hecho de que la Ley de la Huerta que impedía las obras del barranco de Poio que hubiera salvado vidas o que los miembros del Congreso votaron en contra de la decisión del gobierno español de financiar la reparación de las escuelas afectadas por las inundaciones.