Aprobada la Ordenanza de Convivencia Cívica contra las mafias y la explotación sexual
El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves de forma inicial en el Pleno la ordenanza reguladora de Convivencia Cívica con la que se pretende preservar los espacios públicos, fomentar una mejor convivencia entre sus ciudadanos y un mayor civismo, así como actuar contra las actividades de explotación sexual y la mendicidad ilegal y coactiva.
El concejal de Seguridad, José Ramón González, la ha calificado como “una buena ordenanza muy necesaria”, y ha destacado que con esta norma “se da protección social a las personas necesitadas a través de la intervención de los servicios sociales con el Plan de Inclusión Social 2020-2030.
"También se ofrece una herramienta eficaz de actuación jurídica para que la Policía Local pueda intervenir y solucionar problemas que perturban la convivencia de las personas en la ciudad”, ha añadido.
La propuesta ha salido adelante por mayoría, con los votos a favor de los grupos políticos del Partido Popular (9), Ciudadanos (5) y Vox (1), y el voto en contra de PSOE (9), Compromís (2) y Unidas Podemos (2).
Para el concejal de Seguridad, la nueva norma se ha impulsado desde el equipo de Gobierno con el objetivo de “resolver conflictos ciudadanos, garantizar la convivencia cívica, actuar contra la mendicidad coactiva, contra la violencia o intimidación, actitudes de acoso, conductas vandálicas y cuidar de nuestros espacios públicos, para dar protección social a las personas necesitadas".
"Además de preservar nuestros barrios como un lugar de convivencia y civismo”. La ordenanza también se tramita para “evitar actividades de explotación sexual regulando la utilización del espacio público para el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de dichos servicios cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana”.
En el transcurso del Pleno ordinario de noviembre, el concejal de Seguridad ha reprochado a la oposición que “mirase para otro lado cuando gobernaron, derogaron la ordenanza y no hicieron nada”.
Al tiempo que ha cuestionado que lo que proponen es “no hacer nada ante problemas importantes que conllevan mafias organizadas diariamente en nuestras calles, y abandonar a su suerte a todos los ciudadanos de Alicante sin abordar alternativa alguna”.
En este sentido, González ha recordado que “ordenanzas similares están vigente en Ayuntamientos con gobiernos de izquierdas como Barcelona, Bilbao, Burgos, Dénia, Valencia, Granada, Llíria, Águilas, Reus y Getafe”; y les ha tildado de “cínicos al criticar lo mismo que defienden en otras ciudades sus partidos, con una hipocresía que es inaceptable al oponerse en Alicante a lo que defienden donde gobiernan”.
LAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN SOCIAL 2020-2030
Al mismo tiempo, el edil ha incidido en el Plan Municipal de Inclusión Social 2020-2030, al que se ha referido como “el instrumento de partida sobre el que estamos actuando para disminuir los riesgos de exclusión social de los vecinos y vecinas de la ciudad y reducir el número de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión".
"Se configura como la principal herramienta de actuación del equipo de gobierno para promover la cohesión social de la ciudadanía, garantiza dar una atención global y proteger a las personas en riesgo de exclusión social y un acceso a los recursos en igualdad de condiciones”, ha afirmado el concejal.
Este Plan de Inclusión Social se centra en disminuir los riesgos de exclusión social de los vecinos de la ciudad y plantea diversas actuaciones con recursos suficientes para elevar las coberturas a favor de los más vulnerables.
Cada año, el Ayuntamiento de Alicante destina 23,5 millones de euros de sus presupuestos a estas políticas transversales de auxilio social en sus diferentes áreas de actuación.
Este programa a 10 años vista va especialmente dirigido a las personas que se hallan en riesgo o situación de pobreza o exclusión social, a las que quiere garantizar el acceso "a todos los programas en igualdad de condiciones y sin discriminación" para que puedan ser objeto de los recursos disponibles con carácter público y gratuito.
El objetivo final es disminuir los riesgos de exclusión social y atajar los factores que lo generan, y se hace mediante varias líneas estratégicas como la modificación de los prejuicios y creencias sobre la población procedente de otros países que aún subyacen y la superación de los hándicap y dificultades de colectivos vulnerables.
