El concejal de Recursos Humanos, José Ramón González.

El equipo de gobierno defenderá la carrera profesional entre los funcionarios

El edil de Recursos Humanos rechaza el veto de la Subdelegación y recalca que el Ayuntamiento cumplirá el acuerdo con los sindicatos para desarrollar esta promoción y mejora
"No anularemos la partida de 205.000 euros incluida por vez primera en los presupuestos municipales y recurriremos a los tribunales si es necesario", avisa José Ramón González
14/06/2022
Por Jorge Verdú

 El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, integrado por los grupos del PP y Ciudadanos, ha reiterado este martes su “firme” voluntad de desarrollar la carrera profesional entre los funcionarios municipales y de defender “hasta las últimas consecuencias” el acuerdo para su implantación alcanzado con los sindicatos el pasado mes de diciembre.

Frente a la decisión de la Subdelegación del Gobierno de emplazar al Ayuntamiento la puesta en marcha de este sistema de promoción y mejora de las condiciones de los funcionarios, el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, ha replicado que el equipo municipal de Gobierno, “con el alcalde Luis Barcala a la cabeza, no comparte en absoluto el criterio esgrimido por la Subdelegación del Gobierno para impedir la implantación de la carrera profesional, ni varía en su voluntad de desarrollarla tal y como se acordó el pasado mes de diciembre con los sindicatos”.

“En consecuencia”, prosigue González, “no sólo no se va a anular la correspondiente partida presupuestaria de 205.386 euros habilitada por primera vez en los presupuestos municipales, sino que vamos a continuar con la hoja de ruta marcada para iniciar la implantación de la carrera profesional y su abono”.

El edil de Recursos Humanos ha avisado de que, si la Subdelegación persiste en su postura de impedir la implantación de la carrera profesional, el equipo de Gobierno recurrirá a los tribunales y defenderá su postura hasta las últimas consecuencias.

“Entendemos que lo resuelto por la Subdelegación del Gobierno no se ajusta a Derecho, ni a la más reciente jurisprudencia y, si es necesario, serán los tribunales quienes resuelvan en última instancia”.

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