El equipo de Gobierno rechaza el «hachazo» en el caudal del Tajo-Segura
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, integrado por los grupos popular y Ciudadanos, lleva al Pleno ordinario de diciembre que se celebra este jueves su rechazo al nuevo Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027) y a la reducción del caudal del trasvase Tajo-Segura y las decisiones tomadas al respecto por los Gobiernos que presiden Pedro Sánchez y Ximo Puig.
A través de una declaración institucional, el Ejecutivo municipal exige al Gobierno central que derogue el Real Decreto de julio del año pasado que recorta el agua del trasvase para consumo humano y de riego en la provincia de Alicante y que recupere la vigencia de las reglas de explotación del acueducto aprobadas inicialmente en 2014.
La declaración institucional emplaza, asimismo, al Ejecutivo autonómico a emprender todas las acciones necesarias para garantizar que no se reduzca el caudal del trasvase y que reclame la “deuda hídrica” al Gobierno, “generada en la presente legislatura por haberse llevado a cabo una reducción del trasvase de carácter político, contraria a la propuesta técnica".
"Dicha reducción”, prosigue el texto, “está cifrada por el Instituto del Agua de la Universidad de Alicante en 147,3 hm3 y ha supuesto unas pérdidas de 590 millones de euros para las cuencas receptoras, de los que 190 millones corresponden a la provincia de Alicante.
El equipo municipal de Gobierno califica de “nuevo hachazo a la economía de la provincia y de la ciudad de Alicante” el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación del Tajo del tercer ciclo de planificación para el período entre 2022 y 2027.
“La decisión de recortar el trasvase del Tajo-Segura se ha tomado por ideología política, sin contar con la justificación por parte de un aval técnico o de un estudio previo”, recalca la declaración, “y supone un serio varapalo a la solidaridad, la justicia y los intereses de Alicante y la Comunidad Valenciana”.
Del mismo modo, el Ejecutivo local recalca que las aguas del Tajo a la cuenca del Segura son una aportación que ha demostrado a lo largo de todos estos años ser “fundamental” para el sostenimiento social y económico de Alicante, Almería y Murcia.
“Hablar del trasvase Tajo-Segura es hacerlo de la solidaridad que implica y de sus efectos positivos en la cohesión territorial y social de España, además de constituir una garantía para evitar la desertización del territorio”, sostiene la declaración institucional.
“Está demostrado científicamente que unos caudales menos elevados no significan ningún riesgo para la salud del río Tajo. Por tanto, es totalmente incomprensible este nuevo golpe al sector agrícola de nuestra provincia”, añade el texto firmado por la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez y la portavoz popular Mari Carmen de España.
EXIGENCIAS AL CONSELL
Los grupos popular y Ciudadanos mantienen que “este ataque viene a confirmar, una vez más, la hoja de ruta del Gobierno de acabar injustificadamente con esta infraestructura. A ello lamentablemente se suma la inacción, desinterés y pasividad del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en la defensa de los intereses hídricos de la provincia y de la ciudad de Alicante”.
