Alicante destina hasta agosto 11 millones a su Plan de Inclusión Social
El Ayuntamiento de Alicante ha destinado en los siete primeros meses de 2022 un total de 11,07 millones de euros a su Plan de Inclusión Social, cantidad que supera en un 1,8 por ciento la partida destinada durante el ejercicio de 2021 a este programa incluido en la Agenda Alicante 2030 para el fomento de la cohesión social y la equidad.
El plan aborda soluciones a problemas como la pobreza, el sinhogarismo, la emergencia social, tercera edad, diversidad funcional, migrantes, atención a minorías, apoyo mutuo y solidaridad, formación, vivienda social o inserción laboral, entre otros.
El gasto municipal presupuestado para 2022 en este programa de inclusión social asciende a 19,05 millones de euros -con un incremento del 9,56% sobre los 17,3 millones presupuestados en 2021- y hasta el pasado día 8 ya se habían ejecutado 11,07 millones.
La mayor cuantía del plan de integración se ha dirigido en los siete primeros meses de este año a ayudas complementarias de prestación extraordinaria y otras ayudas sociales de concesión directa por un importe total de 4,8 millones de euros, casi el doble de lo gastado en 2021 (2,6 millones).
La siguiente partida con mayor dotación es la de “otros trabajos realizados por empresas de asistencia domiciliaria”, que ha recibido 1,3 millones, seguida de prestaciones económicas individualizadas (1,1 millones); trabajos realizados por otras empresas para el Centro de Acogida de Personas Sin Hogar (763.831 euros) y otros servicios prestados por subcontratas de inclusión social (433.264 euros).
“Sólo en el capítulo de prestaciones económicas individualizadas, el importe tramitado ya este año casi duplica al de todo 2021”, ha destacado la edil de Acción Social, Julia Llopis, “lo que demuestra el compromiso de este equipo de gobierno con la integración y la equidad, así como la eficacia de este primer plan municipal de inclusión para reducir la brecha y las desigualdades socioeconómicas en la ciudad”.
PROGRAMA TRANSVERSAL
El Plan de Inclusión Social del Ayuntamiento de Alicante cuenta con aportaciones de casi todas las áreas de gestión municipal para impulsar programas y talleres de formación, accesibilidad laboral y emprendimiento económico para población vulnerable o en riesgo de exclusión social.
“Son actuaciones que van desde el asesoramiento y acompañamiento a personas mayores al tratamiento de trastornos adictivos”, explica Llopis, “pasando también por la atención a migrantes, mujeres maltratadas, absentismo escolar y sensibilización en aspectos como acoso escolar, igualdad, violencia de género…”.
La Agenda Urbana Alicante 2030 considera este Plan de Inclusión como un proyecto estratégico con el objetivo de “disminuir los riesgos de exclusión social de los vecinos y vecinas de la ciudad y reducir el número de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión”.
Hasta 139 programas y proyectos se contemplan en este documento “para mitigar las situaciones de desigualdad originadas por factores ligados al contexto social y cultural”.
El programa también promueve procesos de autonomía personal y de inclusión social de hombres y mujeres, mediante el incremento de recursos profesionales y de prestaciones; actuaciones de emergencia, intervenciones destinadas a colectivos específicos, desarrollo de programas formativos para el empleo, incremento de servicios de orientación e intermediación laboral, medidas para la puesta en marcha de empresas de economía social.
También la ampliación de cláusulas sociales en las contrataciones públicas, programas de vivienda social, creación de una Mesa Intersectorial de Salud, programas de fomento de la participación social y la descentralización territorial de servicios de atención a la ciudadanía.
Otras metas de este plan transversal pasan por la superación de los desequilibrios y desigualdades territoriales, a través de Programas Integrales de Actuación Territorial, como el Plan Integral Zona Norte, zona Edusi, Las Cigarreras, el Cementerio o la zona Puerto-Ciudad.
Y también pretende favorecer la colaboración entre la Administración y la iniciativa social y la corresponsabilidad, a través de espacios de asesoramiento y apoyo técnico para la elaboración de proyectos, además de líneas de subvenciones para la ejecución de proyectos por parte de las entidades sociales.
