Imagen de un pleno en el Ayuntamiento de Alicante.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

El equipo de gobierno pide al Consell que respalde a la familia del niño de Canet

El Ejecutivo local expresa en una Declaración Institucional elevada al pleno de este miércoles su “condena y rechazo” a la campaña de acoso al menor y su familia
PP y Ciudadanos exigen también la derogación de la Ley de Plurilingüismo de la Comunidad Valenciana "por no respetar la voluntad de los padres" en el ámbito educativo​
20/12/2021
Por Jorge Verdú

El equipo de Gobierno municipal ha presentado para su debate, en el pleno municipal del miércoles 22 de diciembre, una declaración institucional en la que insta a la Conselleria de Educación y a la Generalitat Valenciana a “condenar y rechazar” la campaña de acoso y amenazas dirigida contra el menor de cinco años y su familia en Canet de Mar.

Las portavoces Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez declaran su “apoyo, solidaridad y cercanía con el menor y su familia”. Al mismo tiempo, reclaman a las instituciones públicas que “velen y garanticen” la integridad y el interés superior del menor, “que debe primar y guiar cualquier actuación pública en defensa de sus derechos, conforme a la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia”.

Piden que se aplique lo establecido en el articulado de la Constitución “que afirma que el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y usarla”.

De España y Sánchez consideran como un caso de “apartheid moderno” lo que está sucediendo con el niño de Canet y su familia, “una situación que va en contra de los más fundamentales derechos humanos y del niño, y que no debe ser consentido por ningún ciudadano, ni por ninguna institución pública en una democracia como la española”.

LEY DE PLURINGÜISMO

Las portavoces también exigen la derogación de la Ley del Plurilingüismo del sistema educativo de la Comunidad Valenciana “porque no respeta la voluntad de los padres de los alumnos en relación a la lengua vehicular de preferencia para las enseñanzas de sus hijos. Por tanto, lo que se pretende es la imposición del valenciano en las aulas”.

Argumentan esa afirmación explicando que dos de cada tres colegios públicos imparten menos del 30% de clases en castellano, teniendo en cuenta un estudio sobre 1.680 centros de la Comunidad.

Sánchez y De España finalizan señalando que “fue el actual gobierno autonómico valenciano el que aprobó esta Ley, tomando como modelo la ley catalana, después de que fracasara en los tribunales su decreto lingüístico por discriminar el castellano. Con su aprobación comenzó el camino de la imposición y de la discriminación del castellano en las aulas, tanto en Alicante como en la Comunidad”.

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