Mazón respalda el frente común para frenar la Ley de Plurilingüismo

Por Alacanti TV

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha reunido este viernes con colectivos de madres, padres y profesores de la escuela pública y concertada, quienes le han trasladado su rechazo en bloque a la Ley de Plurilingüismo de la Generalitat Valenciana por considerar que coarta la libertad de los progenitores a elegir la educación de sus hijos y del profesorado a la hora de decidir sus propuestas educativas.

Tras el encuentro, que se ha prolongado durante una hora, Mazón ha recogido las demandas de los distintos responsables de confederaciones y asociaciones de padres y madres de la provincia, a los que ha mostrado el apoyo de la institución, y ha insistido en que no es la primera vez “en la que hemos plantado la bandera de la libertad frente a la imposición desde la Diputación de Alicante”.

Según Mazón, lo que ha sucedido es que, aprovechando la pandemia, “como si de una trampa se tratara, se están activando los mecanismos de imposición lingüística por parte de la Generalitat Valenciana, copiando absolutamente el modelo de inmersión catalán que todos sabemos a lo que ha conducido”.

En esta línea, ha tildado al Gobierno de Ximo Puig de “nacionalista, al margen también del tic comunista de incluir el nivel de la imposición”, y ha insistido en que es imposible que en una comunidad como la valenciana “se quiera hablar de políticas inclusivas cuando lo que se está es excluyendo a gran parte del territorio”.

“Es imposible que se diga que se quiere al valenciano, cuando la mejor manera de quererlo y promocionarlo es en libertad, pero la peor manera de quererlo y apreciarlo es imponerlo. No tienen ningún sentido estos planes trampa, teniendo en cuenta que más del 70 por ciento de los centros de la Vega Baja han votado en contra de esta imposición”, ha recordado Mazón.

En el encuentro han participado la presidenta de COVAPA -Confederación Valenciana de Padres-, Sonia Terrero, el presidente de CONCAPA -Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos-, Javier Rubio, el profesor y miembro de la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística, Miguel Ángel Robles, y la presidenta de CECE Alicante -Confederación Española de Centros de Educación-, Marisa Artiaga.

Las valoraciones de los colectivos, finalizada la sesión de trabajo, se han concretado en solicitar el apoyo de la Diputación de Alicante para frenar la imposición de la Ley 4/2018. Al respecto, Sonia Terrero ha insistido en reclamar y reivindicar “la libertad por el derecho que debemos tener las familias para elegir la lengua vehicular en la que estudien nuestros hijos”, al tiempo que ha puntualizado que “estamos cansados del adoctrinamiento en las aulas y de las imposiciones. No estamos en contra y queremos la lengua y la cultura valenciana para nuestros hijos, pero siempre y cuando no les afecte a sus estudios ni les aboque a un fracaso escolar”.

“Para defender una lengua no hace falta denostar a otra. Por lo tanto, exigimos la derogación de esta Ley 4/2018 y que se haga una consensuada por todos y para todos, adaptada a las necesidades de cada centro educativo. Seguiremos trabajando para que el próximo curso no se lleve a cabo la implantación de la misma”, ha concluido.

Por su parte, Miguel Ángel Robles ha aclarado que se han constituido ante la necesidad de “dar respuesta a las políticas claramente nacionalistas del gobierno de Ximo Puig y hemos venido a la Diputación con la esperanza de que nos vuelvan a ayudar como ocurrió en 2017”.

En esta línea se ha expresado Javier Rubio, que ha tildado la ley de imposición “a nuestras familias y a nuestros hijos, sin poder decidir qué tipo de educación queremos. Queremos poder elegir el modelo educativo y esperamos que esta petición sea atendida por la Conselleria de Educación, porque queremos una ley consensuada, al menos por las tres cuartas partes de las Cortes Valencianas”.

Finalmente, Marisa Artiaga ha manifestado su desacuerdo con la ley, argumentado que están discriminando y “coartando tanto a los equipos directivos, como a los centros y a las familias, a poder elegir la lengua que queremos para nuestros hijos y la educación, que es lo importante. Queremos estar todos unidos, educación pública, educación privada, asociaciones y colectivos por un mismo objetivo, el de tener libertad como ciudadano, como familia y como institución para poder optar a la educación que queremos para nuestros hijos, porque esto implica a toda la sociedad”.